A un año de la aprobación del Proyecto de Ley para la reforma del baremo indemnizatorio para las víctimas de accidentes de tráfico, la normativa sigue bloqueada en el Congreso, lo que ha generado un clima de frustración entre abogados y asociaciones defensoras de los afectados. Expertos en responsabilidad civil, reunidos en una jornada organizada por la Sección de Responsabilidad Civil del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), destacaron la necesidad urgente de que esta reforma se active para mejorar la calidad de vida de las víctimas.
La reforma, que podría implicar un coste adicional de 100 millones de euros anuales, busca abordar varios aspectos claves del baremo, como la actualización de las indemnizaciones, la regulación de las ofertas motivadas de las aseguradoras, y la incorporación de medidas que agilicen el proceso de valoración del daño corporal. Una de las mejoras más destacadas es que, en caso de que las aseguradoras no presenten un informe médico al inicio del procedimiento, no podrán hacerlo en fases posteriores, lo que fortalecería los derechos de las víctimas.
Sin embargo, los expertos coinciden en que, a pesar de las mejoras introducidas, todavía quedan importantes lagunas, como la necesidad de estabilizar adecuadamente a los grandes lesionados al momento de salir del hospital, y de revisar el baremo para garantizar que se reparen completamente los daños, especialmente en los casos de lesiones menores, que continúan siendo desatendidos.
Además, en el marco de la reforma de la Justicia, se ha planteado la creación de juzgados especializados en responsabilidad civil y seguros. Los juristas opinan que la especialización de los jueces en estos temas es crucial para garantizar una gestión más eficiente de los casos de responsabilidad civil, que cada vez son más complejos. Para muchos de ellos, la creación de estos juzgados especializados resulta fundamental para agilizar los trámites judiciales y garantizar que las víctimas reciban una indemnización justa y rápida.
Entre las propuestas presentadas por la Asociación de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (Anava-RC) destaca la concesión de atestados gratuitos, el reconocimiento de centros sanitarios como perjudicados, y la revisión de ciertos aspectos del baremo médico. Asimismo, reclaman la equiparación de daños personales y materiales, con un enfoque que tenga en cuenta tanto la reparación integral de las víctimas como la adaptación a los cambios tecnológicos, como el avance de los vehículos autónomos, que podría generar nuevos desafíos en la responsabilidad civil.
A pesar de estos consensos entre los abogados y las aseguradoras, los avances legislativos siguen estancados, lo que genera un fuerte descontento en el sector. Los expertos insisten en que la reforma es necesaria tanto para las víctimas como para las compañías de seguros, que se beneficiarían de la claridad y resolución de los aspectos más controvertidos del baremo.
En resumen, la reforma del baremo y la creación de juzgados especializados en responsabilidad civil se presentan como medidas imprescindibles para garantizar una justicia más ágil, equitativa y eficiente en el ámbito de los accidentes de tráfico. Sin embargo, el retraso en su implementación sigue siendo un obstáculo para la reparación integral de las víctimas.
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