Las organizaciones de autónomos han reclamado este lunes al Gobierno que clarifique qué ingresos serán los que se tengan en cuenta para determinar la cotización del colectivo en el nuevo modelo que se está negociando y que vinculará las cuotas que pagan los autónomos a sus rendimientos.
Precisamente, uno de los principales escollos de esta negociación es el concepto de ingresos. A propósito de ello, la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, ha afirmado que la reunión celebrada este lunes con el Gobierno para seguir negociando esta reforma ha finalizado "sin nuevos avances".
"Nos han trasladado que han mantenido una nueva reunión con la Agencia Tributaria para intentar solventar uno de los grandes obstáculos: que los ingresos reales de los autónomos sean de verdad reales, que haya una determinación de los rendimientos que pueda servir de base tanto para la configuración de los tramos como para la regularización", ha explicado Ferrero.
El Ministerio de Seguridad Social planteó el pasado 10 de enero a las organizaciones de autónomos un sistema flexible de 13 tramos que van desde ingresos inferiores a los 600 euros al mes hasta más de 4.050 euros, con posibilidad de cambiar hasta seis veces al año.
Ese modelo inicial propuesto por el Gobierno establece una cuota mínima que ronda los 184 al mes para aquellos trabajadores autónomos con ingresos por debajo de los 600 euros, al tiempo que establece una máxima de 1.267 euros mensuales para aquellos que ingresen más de 4.050 euros.
Las cuotas propuestas son progresivas y se vinculan a los rendimientos de los trabajadores autónomos. El Gobierno ha propuesto inicialmente un plazo de nueve años de transición para la adaptación al sistema, aunque cada tres años se evaluaría la situación.
Para la vicepresidenta de ATA, todo esto requerirá mayores obligaciones formales a los autónomos.
"Todo el sistema, tal y como lo plantean, es muy complejo, poco progresivo y nada equilibrado y vamos a seguir pidiendo que esto sea un sistema de adecuación entre cotizaciones e ingresos reales, y para eso tenemos que saber cuáles son los ingresos reales y cuál es la distribución real de los autónomos en función de esos cálculos que están haciendo", ha subrayado Ferrero.
Ingresos "limpios"
Uatae considera que debe clarificarse el concepto de ingresos, de forma que las bases de cotización se fijen atendiendo al beneficio de la actividad, es decir, a los ingresos limpios de los autónomos una vez descontados todos los gastos necesarios para el ejercicio de la actividad, incluidas las amortizaciones y las propias cuotas a la Seguridad Social.
La secretaria general de Uatae, María José Landaburu, ha abogado además por que el Gobierno reformule los tramos previstos y reduzca la cuota a aquellos autónomos con rendimientos netos inferiores a los 1.700 euros al mes, es decir, quienes se sitúan en los tramos inferiores e intermedios de la propuesta del Ejecutivo.
Uatae está ultimando una propuesta "alternativa" que presentará en los próximos días al Gobierno, en la que pedirá acortar el plazo de transición hacia el nuevo sistema (el Ejecutivo ha planteado un periodo de nueve años) y profundizar en la protección social del colectivo.
La organización de autónomos UPTA, por su parte, también ha pedido acortar el plazo de adaptación de nueve a seis años y que 2023 sea el año en el que más se note la rebaja de cotizaciones a quienes actualmente están pagando más de lo que les corresponde y, al mismo tiempo, los que más ingresan empiecen a pagar más.
La idea de UPTA es que en los tres primeros años de implantación se haga la mayor parte del recorrido.
Según fuentes del Ejecutivo consultadas por Europa Press, en la reunión de este lunes las organizaciones se han comprometido a remitirles propuestas adicionales concretas a las ya enviadas en las últimas semanas. La próxima reunión de la mesa se celebrará el lunes de la próxima semana.
Las mismas fuentes, que han calificado este encuentro como "productivo", aseguran que las partes también se han comprometido a empezar a trabajar en un texto legal sobre la base del acuerdo que firmaron el pasado mes de julio.
FUENTE: el derecho.com