El calendario del Ministerio con los fondos estructurales pone en peligro una anualidad, según el reglamento comunitario
El Gobierno corre el riesgo de perder al menos unos 5.000 millones de los fondos estructurales y de cohesión por la lentitud con la que los está tramitando, según advierten fuentes de la Comisión Europea consultadas por este diario.
El problema es que España va «particularmente» lenta en la presentación de una propuesta de acuerdo de asociación para los fondos del período 2021-2027 y en los programas que quiere que sean financiados. Según las fuentes consultadas, las alarmas se han encendido al conocer que el calendario del Ministerio de Hacienda es «el final del tercer trimestre de 2022» para la presentación de proyectos para estos fondos. Así lo desveló, según informó este diario el pasado lunes, el director general de política regional y urbana de la Comisión Europea, Marc Lemaître, que consideró «muy lamentable» este ritmo.
En la Comisión Europea señalan que presentar proyectos al final de septiembre de 2022 cuando son elegibles desde enero de 2021 no sólo es un ritmo más lento que otros estados miembros, sino que deja sin tiempo al equipo de Lemaître para evaluarlos y dar su aprobación antes de fin del próximo año. Y, según se desprende del reglamento comunitario, si estos proyectos no están aprobados antes de enero de 2023, «España perdería una anualidad», recalcan. Eso implica unos 5.000 millones sobre el total de 36.245 millones previstos para España. Se trata de los fondos estructurales como el Feder o el Fondo Social Europeo convencionales y que son distintos de los nuevos creados por la pandemia llamados Next Generation.
En efecto, según el artículo 23 del reglamento 1060, la Comisión no puede aprobar los programas sin una evaluación en la que «tendrá en cuenta, en particular, las recomendaciones específicas por país pertinentes, los retos pertinentes identificados en el plan nacional integrado de energía y clima y los principios establecidos en el pilar europeo de derechos sociales, así como el modo en que se afrontan». «La Comisión adoptará una decisión mediante un acto de ejecución por el que se apruebe el programa en un plazo de cinco meses a partir de la fecha de la primera presentación del programa por parte del Estado miembro».
Con el ritmo del equipo de Montero, no llegaría la aprobación hasta febrero de 2023 y el reglamento sólo permite prorratear por no presentación en el primer año, pero no en el segundo, de ahí el riesgo de pérdida de la anualidad de 2022.
Lemaître mostró comprensión en su comparecencia en el Parlamento Europeo el pasado día 15 con que muchos estados estén dando prioridad a los fondos Next Generation retrasando la tramitación de los estructurales y de cohesión, pero presentó como un exceso el calendario del Gobierno español. Presentar proyectos tan avanzado el segundo año del período deja poco margen a Bruselas para que las distintas direcciones generales de la Comisión, incluida la de medioambiente, se pronuncien sobre si son planes que merecen financiación comunitaria. «Lo que no va a pasar es aprobar planes presentados a última hora sin tiempo de evaluación», resaltan las fuentes comunitarias consultadas.
El Ministerio de Hacienda no comentan las duras declaraciones de Lemaître, pero no ven en peligro los fondos y aseguran que está ya en negociación el proceso con Bruselas, pero puntualizan que es un procedimiento complejo en el que están involucradas las comunidades autónomas. De hecho, el pasado 1 de octubre, Hacienda comunicó que repartirá el grueso de estos fondos a las comunidades autónomas. En total, «la distribución regional es de 34.693 millones de euros asignados a España para el Objetivo de Crecimiento y Empleo del FEDER y el Fondo Social Europeo Plus. Esa cantidad supone un incremento del 13,2% en relación con el periodo 2014-2020». En la Comisión Europea aseguran que han pedido agilidad al Ministerio de Hacienda que es su interlocutor en los fondos y que modifiquen su calendario de modo que avancen en paralelo con el acuerdo de asociación y la presentación de proyectos.
Si Hacienda rectifica aún está a tiempo de no perder ni un céntimo de los fondos, pero está ya ofreciendo mala imagen. Lo que sería un descalabro es perder una anualidad tras la batalla que libró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2020 para que la UE no sólo creara un nuevo instrumento para combatir la crisis, sino que aumentara la dotación de estos fondos tradicionales. La eurodiputada del PP, Isabel Benjumea, ya ha registrado una pregunta oficial a la propia Comisión Europea y el propio presidente del partido se hizo este martes eco en twitter.
Pablo Casado señaló: «El Gobierno español no puede con dos cosas al mismo tiempo: Bruselas avisa de que Sánchez arriesga 37.000 millones». Casado acompaña su tuit con las declaraciones del Lemaître en las que criticaba que el Gobierno «no puede hacer dos cosas al mismo tiempo», en alusión al desequilibrio entre su carrera para los Next Generation y su descuido de los estructurales.
FUENTE: EL MUNDO
