En el año 2023, el Ministerio Fiscal registró un total de 23.486 procedimientos judiciales relacionados con ciberdelincuencia y 498 diligencias de investigación penal. Estos datos se encuentran en la Memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada este miércoles. Este extenso documento, que este año cuenta con 1.384 páginas, ofrece anualmente un detallado informe sobre las actuaciones del organismo, funcionando como un indicador de la criminalidad en España.
En esta edición, el apartado dedicado a la cibercriminalidad presenta una anomalía significativa: se ha registrado una disminución del 4,61% en el volumen de procedimientos judiciales iniciados en comparación con el año 2022, mientras que las diligencias de investigación penal han aumentado más del 100%. Este descenso en los procedimientos judiciales es el primero desde 2016.
¿Significa esto que hay menos ciberdelincuencia? La Fiscalía lo niega rotundamente. De hecho, la amenaza de la ciberdelincuencia es cada vez mayor. La Fiscalía explica que esta disminución no refleja una tendencia a la baja en la actividad delictiva en el entorno virtual. Existen varias razones para este fenómeno.
En primer lugar, muchas de las investigaciones iniciadas por la policía en materia de ciberdelincuencia no son remitidas a los órganos judiciales ni a la Fiscalía. En muchos casos, es imposible identificar a los autores, quienes se esconden en el anonimato del ciberespacio, lo que complica la incoación de un procedimiento judicial.
Esto explica el desbalance en los datos de distintos organismos públicos, y por qué los datos del Ministerio Fiscal no coinciden con los datos estadísticos policiales. Según el Ministerio del Interior, en su Balance sobre Criminalidad del año 2023, la ciberdelincuencia ha aumentado un 25,5% en el conjunto de investigaciones de todos los cuerpos policiales, con un incremento del 27% en estafas y defraudaciones.
En segundo lugar, la Fiscalía atribuye el descenso estadístico a la falta de medios, específicamente a las deficiencias en las aplicaciones informáticas utilizadas para registrar denuncias, atestados o actuaciones relacionadas con presuntos ciberdelitos que llegan a los órganos de la jurisdicción penal.
Durante el acto de apertura del año judicial, celebrado este miércoles en el Tribunal Supremo, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, alertó sobre los peligros del ciberespacio, las redes criminales y las nuevas formas de delincuencia que amenazan no solo a las personas, sino a la sociedad en su conjunto. Estas amenazas requieren un cambio completo en el abordaje del proceso penal.
El Fiscal General también solicitó una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular, que permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin ningún filtro, aumentando el riesgo de investigaciones prospectivas y el colapso de los tribunales. Además, advirtió que este mecanismo puede fomentar el uso del proceso judicial con fines espurios.
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