El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un aumento del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 12% actual al 23% con el objetivo de recaudar 8.000 millones de euros más.
La intención es que la reforma ya esté en vigor en los pagos fraccionados del mes de octubre y diciembre. Los pagos fraccionados a cuenta de Sociedades se abonan en los veinte primeros días naturales de abril, octubre y diciembre del periodo impositivo en curso, y en julio del año siguiente se liquidan las diferencias con la presentación de la declaración del impuesto.
El fin de la reforma, según el Gobierno, es aumentar la recaudación con el fin de cumplir el objetivo de déficit público comprometido con Bruselas para 2016 y fijado en el 4,6% del PIB.
Tipo mínimo del 23%
En concreto, el decreto-ley, que el Ejecutivo tiene que enviar a Bruselas antes del próximo 15 de octubre, establece un tipo mínimo que será del 23% frente al 12% actual para aquellas empresas que facturen más de 10 millones de euros anuales (unas 9.000) y que estará en vigor, como mínimo, este año y el que viene, aunque no se descarta que también se aplique en 2018 en función de la evolución del déficit.
La reforma del impuesto endurecerá especialmente el tipo a aplicar en el caso de los bancos, elevándolo hasta el 25%. El tipo mínimo del pago fraccionado, que actúa como un adelanto de la liquidación del impuesto, se ha aplicado entre 2012 y 2015, año en el que este tipo se situó en el 12%. Con la reforma fiscal de 2015 se eliminó, pero la caída de los ingresos por Sociedades hasta junio ha llevado al Gobierno en funciones a dar marcha atrás y volverlo a establecer, en este caso incrementado.
Con esta medida, el Ejecutivo prevé ingresar 8.000 millones de euros adicionales al año para poder cumplir con el déficit, en un momento en el que los ingresos por pago fraccionado de las empresas está cayendo más del 50% como consecuencia, por un lado, de la rebaja del impuesto, que entró en vigor de forma escalonada en 2015 y 2016, y por otro lado, por la desaparición este año del tipo mínimo del 12% de los pagos fraccionados.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida por el presidente del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, estudió ayer soluciones a varios asuntos urgentes de la economía española "en un contexto de nueve meses de Gobierno en funciones".
Entre otros, analizó cambios normativos, como los del Impuesto de Sociedades, para adaptar la senda de déficit público de las distintas administraciones a la nueva senda acordada con la UE y al cumplimiento de los compromisos para la reducción del déficit acordados con Bruselas.
Máximo apoyo
Una vez que el Gobierno ha dado luz verde al decreto este viernes, las Cortes deberán posteriormente refrendarlo, por lo que será necesario que el PP negocie con los demás grupos, principalmente con el PSOE y Ciudadanos, para conseguir su apoyo.
En principio ninguno de los dos grupos ha rechazado la medida, que en la práctica supone aumentar la fiscalidad de las grandes empresas, pero esperarán a la letra pequeña del decreto para confirmar si lo apoyan, algo que da por descontado el Ejecutivo, ya que se trata de una medida imprescindible para conseguir cuadrar el déficit y el principal motivo por el que España se salvó de la multa de Bruselas.
En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está manteniendo contactos con los distintos grupos de la oposición para intentar conseguir el máximo apoyo posible a la reforma.
Así, según han confirmado a Europa Press distintas formaciones políticas, Hacienda tiene una línea de diálogo abierta con el PSOE y el PNV y prevé reuniones con Ciudadanos y Podemos para facilitar la aprobación de la reforma.
Críticas de los agentes sociales
La CEOE y Cepyme han criticado la reforma por considerar que se acomete con "nocturnidad y alevosía" y porque puede afectar al empleo y la inversión", ya que "en el momento en el que no hay liquidez, cae el empleo" y la tildan de "política fiscal errónea".
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho que la reforma es una "chapuza" y advierte de que "con la fiscalidad no hay que hacer electoralismo".
Esta es una de las decisiones de calado que prevé aprobar el Gobierno durante su etapa en funciones y que deberá remitir al Parlamento con el objetivo de que obtenga su visto bueno.
Ley para marcar los objetivos de déficit en las CCAA
Además, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el Gobierno en funciones está estudiando y negocia con los grupos parlamentarios "la posibilidad de trasladarles a las CCAA los nuevos objetivos de déficit y deuda". Para ello, se está planteando una proposición de ley de modificación de la Ley de Estabilidad presupuestaria y financiera.
"Se trata de que puedan mantener su nivel de servicios públicos", ha dicho, tras señalar que el Ejecutivo está gobernando en funciones y son "momentos difíciles".
En la práctica, una de las consecuencias es que la medida servirá para poder pasar el déficit autorizado a las comunidades autónomas este año del 0,3% previsto en enero al 0,7% decidido en abril y aprobado por la UE, y del 0,1 al 0,5% en 2017. Los Gobiernos autónomos podrán así preparar con seguridad jurídica sus presupuestos para el próximo ejercicio, una reclamación que han venido haciendo todos los ejecutivos regionales.
Sáenz de Santamaría ha añadido que la tramitación de la proposición no de Ley se produciría en las Cortes ya que el Gobierno en funciones no tiene capacidad para presentarla, por lo que es necesario el apoyo de los grupos parlamentarios.
En este sentido, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que para aprobar esta reforma "se necesitan los apoyos correspondientes, es decir, una mayoría absoluta".
Saénz de Santamaría ha asegurado que esta ley permite que haya o no Gobierno (con la consiguiente disolución de las Cortes) antes de finales de octubre se pueda llevar al Congreso y al Senado la senda de déficit de las Administraciones Públicas, el primer paso para elaborar los presupuestos.
También ha señalado que entre las medidas económicas que se han aprobado hoy está la distribución del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) relativo al cuarto trimestre para mejorar los tiempos de cobro de los proveedores.
Ha indicado que el conjunto de medidas que hoy aprueba el Consejo de Ministros y que se están dialogando con los partidos políticos trata de evitar "daños a los españoles, que las administraciones tengan nuevos objetivos de déficit y para favorecer el pago en plazo a los proveedores".
"Hay que seguir gobernando en la medida en que nos permiten las leyes o incluso cambiarlas si es posible", ha afirmado.
FUENTE: EXPANSION
