El próximo 1 de julio entrará en vigor el nuevo
Estatuto General de la Abogacía, que sustituirá al actual, aprobado hace dos
décadas. La norma, que consta de un artículo único, fue aprobada ayer por el
Consejo de Ministros. Entre sus principales novedades cabe destacar que regula
por primera vez y de forma exhaustiva el secreto profesional, establece un
nuevo régimen de responsabilidad disciplinaria, recoge por primera vez la
creación de protocolos colegiales para denunciar ante el CGPJ retrasos
injustificados y actos de los tribunales que hayan coartado la libertad o
independencia de los letrados y ofrece cobertura a la prestación de servicios
por medios telemáticos.
Con carácter general, el texto regula las condiciones de colegiación de
los profesionales de la abogacía y las normas
generales de funcionamiento de los colegios de
abogados y de su Consejo General. Además, y según afirmó el
Ejecutivo tras la reunión de la mesa interministerial, se adecúa a la legislación posterior a
la aprobación del actual Estatuto, de 2001, con gran
incidencia en el ejercicio de la profesión, como las leyes de transposición de
la Directiva de Servicios, la Ley de acceso a las
profesiones de abogado y procurador de los tribunales, y la Ley de
sociedades profesionales.
Fue aprobado en 2013
La norma a la que el Gobierno ha dado ahora su
visto bueno ha tenido que esperar ocho años para poder poner
fecha definitiva a su entrada en vigor ya que
fue aprobada en 2013 por el Consejo General
de la Abogacía.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía
Española, Victoria Ortega, afirmó ayer en una rueda de prensa que
“es un día de fiesta para la abogacía, pero
también para la ciudadanía, porque se preserva el derecho a
la defensa”. Añadió que “este nuevo estatuto nos pone a la vanguardia de
las abogacías europeas en cuanto a regulación”.
Desde el máximo órgano colegial informaron ayer de
que el nuevo Estatuto regula por primera vez aspectos tan importantes para
el ejercicio de la profesión como la prestación libre
de servicios en todo el territorio nacional y europeo,
desarrolla de forma exhaustiva el derecho al secreto profesional,
que protege y refuerza; y establece el reconocimiento expreso
a los colegios de la Abogacía a presentar denuncias ante
el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se producen reiterados retrasos injustificados en
los juzgados y tribunales y cuando se produzcan conductas que
afecten a la libertad o independencia de un letrado y ésta se haya visto
amparada por la institución colegial. Por tanto, y a diferencia de lo que
ocurría hasta ahora, se establecen los cauces necesarios para
que estas reclamaciones alcancen al órgano de gobierno de los
jueces.
Regulación del secreto profesional
Desde Abogacía Española y en particular el decano
del ICAM, José María Alonso, destacaron ayer la importancia de
la regulación del secreto profesional, que
se extiende a todas las personas que colaboran profesionalmente
con el abogado. El privilegio de este secreto en las comunicaciones
continúa también protegiendo las relaciones entre los profesionales y recoge,
por primera vez, el derecho de los letrados y letradas a
reclamar la presencia del decano de su colegio en el
eventual registro judicial de su despacho.
Asimismo, limita este tipo de registros a los archivos del caso que
está bajo investigación. La presencia del decano colegial en los registros sólo
estaba prevista hasta ahora a demanda del juez instructor o de la autoridad
gubernativa.
Protección de los consumidores y ventanilla única
Por otro lado, el Estatuto ofrece una mejor regulación de
los deberes de los profesionales de la
abogacía con sus clientes, cumpliendo no solo con el deber de
atención de manera diligente en el asesoramiento o defensa,
sino también con obligaciones de transparencia.
De cara a consejos y colegios, se pone en marcha
la ventanilla única de los colegios, para ofrecer, de forma
clara y gratuita, información a los consumidores y usuarios.
Destaca también la preocupación por fomentar un
elevado nivel de calidad de los servicios prestados,
así como su constante mejora.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía
Española, Victoria Ortega, afirmó ayer en una rueda de prensa que
“es un día de fiesta para la abogacía, pero
también para la ciudadanía, porque se preserva el derecho a
la defensa”. Ortega hizo estas declaraciones tras la aprobación por
el Consejo de Ministros del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española.
FUENTE:
LEGAL TODAY
