La lucha contra el lavado de activos ha alcanzado una dimensión internacional sin precedentes, marcando una prioridad unánime en la agenda global. Desde la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada en 2000, hemos presenciado un esfuerzo conjunto para prevenir y reprimir esta práctica ilícita.
Según el Fondo Monetario Internacional, entre el 2% y el 5% del PIB mundial escapa al control de los Estados debido al lavado de dinero, un fenómeno que nos enfrenta a transacciones financieras de hasta 100 millones de dólares por segundo. Este volumen abrumador permite a los blanqueadores ocultar o aflorar grandes sumas de dinero en cuestión de minutos.
«El lavado de dinero no solo representa una amenaza para la economía de los Estados, sino que también sirve como fuente de financiación para formas crueles de terrorismo», señala Diego Cabezuela, presidente de In Law Alliance.
La respuesta internacional ha sido contundente. Tanto Estados Unidos con la aprobación del Patriot Act en 2001, como la Unión Europea con sus Directivas y el próximo Reglamento Europeo, han intensificado sus esfuerzos para combatir esta práctica. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha sido fundamental en este proceso, estableciendo estándares y evaluaciones que han impulsado la acción de los Estados.
En Iberoamérica, la creación del GAFILAT y el apoyo de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han fortalecido el marco legislativo contra el lavado de activos. Sin embargo, persisten desafíos significativos debido a las debilidades estructurales y la corrupción en algunos países, lo que dificulta la efectividad de las medidas adoptadas.
«La lucha contra el blanqueo de capitales se concentra en dos fases: prevención y represión. Es crucial que las entidades financieras implementen medidas rigurosas de control y que las autoridades persigan no solo a los delincuentes, sino también a su infraestructura financiera», afirma Cabezuela.
La proliferación de criptoactivos ha añadido una nueva capa de complejidad al problema, ofreciendo anonimato y transnacionalidad a los blanqueadores. Aunque la Unión Europea ha tomado medidas con el Reglamento MiCA, en Iberoamérica persisten diferencias substanciales en la regulación de criptoactivos entre los países.
«Los criptoactivos representan una transformación profunda en el mundo económico, pero también constituyen una autopista para la circulación descontrolada de activos ilícitos. Es esencial que los Estados desarrollen una normativa sólida y coordinada para hacer frente a este desafío», concluye Cabezuela.
Fuente: Diario Jurídico
