El Pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este jueves presionar a aquellas empresas que no respeten los derechos humanos o el medio ambiente con sanciones y multas que van desde medidas como "nombrar y avergonzar" hasta retirar del mercado los productos de una empresa o imponer multas de al menos el 5% de su facturación mundial neta.
El
texto, adoptado con 366 votos a favor, 255 d en contra y 38 abstenciones,
establece posición negociadora del Parlamento, por lo que ahora pueden comenzar
las negociaciones con los Estados miembro sobre el texto final de la
legislación.
Las
nuevas normas se aplicarán a las empresas con sede en la Unión Europea,
independientemente de su sector, incluidos los servicios financieros, con más
de 250 empleados y una facturación mundial superior a 40 millones de euros, así
como a las empresas matrices con más de 500 empleados y una facturación mundial
superior a 150 millones de euros.
También
se incluirán empresas extracomunitarias con una facturación superior a 150
millones de euros, si al menos 40 millones se generaron en suelo comunitario y
para aquellas empresas no pertenecientes a la Unión que no cumplan las normas,
las sanciones contemplan que se prohíba su contratación pública en la UE.
Las
empresas deberán implementar un plan de transición para limitar el
calentamiento global a 1,5 º y en el caso de grandes empresas con más de 1.000
empleados, el cumplimiento de los objetivos del plan tendrá un impacto en la
retribución variable de un consejero (fe bonus).
Las
nuevas reglas también exigen que las empresas se comprometan con las personas
afectadas por sus acciones, incluidos los activistas ambientales y de derechos
humanos, introduzcan un mecanismo de quejas y supervisen periódicamente la
eficacia de su política de diligencia debida.
Los
eurodiputados han apoyado que las compañías identifiquen y, cuando sea
necesario, prevengan, terminen o mitiguen el impacto negativo de sus
actividades sobre los derechos humanos y el medio ambiente, como el trabajo
infantil, la esclavitud, la explotación laboral, la contaminación, la
degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad.
Además,
deberán monitorear y evaluar el impacto de sus socios de la cadena de valor,
incluidos no sólo los proveedores, sino también las áreas de venta,
distribución, transporte, almacenamiento o gestión de desechos o, de lo
contrario, serán responsables de los daños y perjuicios y podrán ser
sancionadas por las autoridades nacionales de supervisión.
Según el texto adaptado, las nuevas obligaciones se aplicarán a los 3 o 4 años en función del tamaño de la empresa y las de menor tamaño podrán retrasar un año más la aplicación de las nuevas normas.
