El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este jueves la nueva Ley del Derecho a la Defensa, una norma clave para facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia, que, entre otras disposiciones, incluye la posibilidad de usar lenguas cooficiales en los tribunales, como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. La ley entra en vigor el 4 de diciembre, 20 días después de su publicación.
Esta ley, aprobada como Ley Orgánica, consta de 18 páginas y fue aprobada en el Senado el 30 de octubre tras haber sido remitida desde el Congreso el 11 de julio. Aunque PP y Vox se abstuvieron en la votación, la ley no recibió votos en contra.
Una de las medidas más destacadas de la ley es que se permitirá a los ciudadanos utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma en la que residan o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales. Este derecho incluye la posibilidad de recibir todas las comunicaciones procesales en esas lenguas.
La ley también amplía el derecho a la defensa en procedimientos alternativos de resolución de conflictos, tales como la mediación, el arbitraje y la conciliación. Además, establece que todas las actuaciones, resoluciones y comunicaciones procesales deben llevarse a cabo en un lenguaje claro.
Otro de los aspectos relevantes de la ley es la regulación de las funciones de los abogados del turno de oficio, garantizando que la asistencia jurídica sea accesible universalmente para todos los ciudadanos. Asimismo, se establece el derecho a conocer previamente los honorarios de los abogados y los gastos procesales asociados a cada caso.
La ley también otorga a los abogados la facultad de solicitar la suspensión de procedimientos judiciales o de establecer un nuevo calendario procesal en situaciones de fuerza mayor, como el nacimiento de un hijo, la adopción, la hospitalización de un familiar cercano o incluso por enfermedades graves que requieran hospitalización o bajas médicas.
El proyecto de ley fue inicialmente aprobado en abril de 2023 bajo la dirección de la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, pero quedó en suspenso debido a la disolución de las Cortes por el adelanto electoral. El Gobierno de Pedro Sánchez reactivó el proceso legislativo en enero de 2024.
Este avance legislativo subraya el compromiso del Gobierno con la mejora del acceso a la justicia y la garantía de los derechos lingüísticos en todo el sistema judicial español.
La norma entrará en vigor el 4 de diciembre
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