La creación de los fijos discontinuos ha sacado de las listas a medio millón de trabajadores sin actividad, pero que sí cobran el paro
Una de las grandes apuestas del Gobierno de coalición ha sido la reforma del mercado laboral con el propósito de reducir drásticamente la temporalidad. Sin embargo, como en el caso de otros proyectos sacados adelante por el Ejecutivo, el avance ha sido más cosmético que efectivo, ya que el Ministerio de Trabajo partía de la base de que la fuerza laboral es estática y la legislación es la que debe marcar el rumbo económico en vez de servir a los intereses de las empresas, las que generan el empleo.
En un país donde el sector hostelero, turístico, agrario o el educativo tienen un alto componente estacional, pretender convertir en indefinidos a los temporales solo podía fiarse a un milagro o a un cambio semántico y formal. Y eso es, precisamente, lo que ha ocurrido. La reforma laboral ha introducido un factor de distorsión para sacar de los cómputos del paro a esa modalidad de trabajadores estacionales, denominados ahora fijos discontinuos, unos trabajadores que pueden estar cobrando el desempleo sin figurar como parados.
Aunque este contrato no tiene fecha de finalización, contempla periodos en los que no se trabaja y no se cobra salario. Por tanto, no se abonarán cotizaciones a la Seguridad Social durante la inactividad. El trabajador será parte de la plantilla fija y la empresa estará obligada a contar con los empleados que formen parte de su bolsa de fijos discontinuos cuando aparezca nuevamente la necesidad que dio lugar al contrato, algo que ya ocurría en estos trabajos estacionales donde la experiencia es un grado.
En esta contratación, tanto a jornada completa como parcial, han quedado encuadrados miles de trabajadores a media jornada necesarios solo durante los meses de verano o los del sector educativo y agrícola. Empleos «temporeros» en los que durante el periodo de inactividad el contrato queda también inactivo.
Los últimos datos de noviembre arrojan 2,8 millones de parados «oficiales», el nivel más bajo desde 2007 y la segunda mayor caída de la década en un mes de noviembre tras haber sacado a 555.133 trabajadores fijos discontinuos de esta contabilidad (los que están inactivos en noviembre y por tanto cobran la prestación por desempleo al estar en periodo de inactividad productiva entre campañas y cotizan por ello) más los 20.613 trabajadores que se encuentran afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo y que tampoco figuran como desempleados pese a cobrar el paro.
Estas cifras salen de los 575.746 demandantes de empleo, inactivos la mayoría, que en noviembre mantenían una relación laboral. Por tanto, en términos reales, en noviembre en España había unos 3,45 millones de trabajadores sin trabajar durante ese mes. En definitiva, parados, aunque no exactamente desempleados, puesto que esos 575.746 trabajadores tienen ciertas perspectivas de retomar una actividad temporal.
A esta distorsión se unen los vaticinios de los organismos independientes. El Gobierno sostiene que el paro caerá hasta el 12,2% el próximo año desde el entorno del 12,8% en que prevé cerrar este año, pese a la fuerte desaceleración del PIB. El tercer trimestre cerró en el 12,67%, según el INE. Sin embargo, el Banco de España pronostica un leve crecimiento del paro (del 12,8% en 2022 al 12,9% en 2023). Por su parte, la OCDE tampoco prevé una caída como la que pronostica el Ejecutivo y cree que permanecerá inalterable en el 12,9% aunque hay pronósticos que lo elevan hasta casi el 14%.
FUENTE: LA RAZÓN
