La Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica (Conetic) solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos que el Reglamento de la Ley Crea y Crece establezca que las empresas y autónomos puedan usar una plataforma pública y gratuita para la entrega y recepción de facturas electrónicas.
La Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información,
Comunicación y Electrónica (Conetic) ha solicitado al Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital que el Reglamento de la Ley Crea y
Crece “establezca explícitamente que las empresas y autónomos puedan usar
una plataforma pública y gratuita para la entrega y recepción de facturas
electrónica”, y que, por tanto, no sea obligatoria la contratación de
un servicio de intermediación con empresas terceras.
Según explicaron desde Conetic, y teniendo como base las declaraciones
realizadas por la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
Nadia Calviño, la Ley Crea y Crece, “podría contemplar en su desarrollo
reglamentario la obligatoriedad de que las pymes y autónomos utilicen
las plataformas privadas de mensajería y que, por tanto, tengan que
pagar por ello”. Este gasto añadido, según la Confederación, “podría suponer un
sobre coste, inasumible en algunas ocasiones, para pymes y autónomos”.
De aprobarse la obligación de que las empresas y autónomos contraten
con empresas de mensajería privadas, según denunciaron desde Conetic, “la
entrega de sus facturas les estaría obligando a incurrir en costes
innecesarios y también a realizar procesos de gestión ineficientes al
tener que usar dos modalidades de entrega de facturas diferenciadas según el
cliente al que se le remite la factura, FACE si es público, u otra plataforma
si es privado”, señalaron desde la Confederación.
“Pedimos una
plataforma única, pública y gratuita”
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
plantea que las empresas españolas y los trabajadores autónomos se intercambien
las facturas electrónicas a través de plataformas privadas de pago, y con
entrega de los datos de la facturación emitida y recibida en abierto.
Sin embargo, por el momento, no plantea la alternativa de crear
una conexión directa a través de un sistema central que sea de
carácter público y gratuito, algo que ya se hace actualmente, por ejemplo, en
el País Vasco, a través del Ticket BAI.
Por este motivo, desde la Confederación Española de Empresas de
Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica (Conetic), consideran
“necesario” plantear un proyecto de Estado que permita el intercambio de
facturas con un formato único, y que el uso de plataformas de
mensajería privadas sea “solamente” algo voluntario.
“Lo que nosotros pedimos es que el Gobierno incluya en el reglamento de
la Ley Crea y Crece una plataforma única, pública y gratuita, para que
las empresas, pymes y autónomos no tengan la obligación de gestionar
sus facturas electrónicas a través de empresas externas”, explicó a este diario
el presidente de Conetic, Tomás Castro.
Si se estableciera la obligatoriedad de contratar a una empresa
privada para gestionar la facturación electrónica, esto implicaría, en palabras
de Tomás Castro, un sobre coste “innecesario” para pymes y autónomos, así
como la exposición de información confidencial, ya que, en lugar de
mantener un contacto directo con la Administración, todas las facturas pasarían
primero por terceras manos.
La
Administración ya trabaja con otro tipo de plataformas
Según explicaron desde Conetic, todos los procesos actuales de
facturación electrónica y reporte fiscal obligatorios disponen de plataformas
públicas y gratuitas: FACE, para envío de facturas electrónicas al sector
público; FACEB2B, para envío de facturas entre empresas; el TicketBAI, para
envío de facturas en el País Vasco; y el SII, el sistema de reporte fiscal
electrónico.
“No estamos pidiendo que se invente la rueda, ya que la
Administración ya dispone de este tipo de plataformas y, por tanto, no hace
falta que se creen nuevos sistemas. Lo que pedimos es que se incluya en el
reglamento una plataforma pública, que sea gratis, para las pymes y autónomos”,
señaló el presidente de Conetic.
De esta forma, explicó, la contratación de una plataforma privada sería
algo voluntario, para todas aquellos profesionales que quisieran
disponer de un servicio externo para gestionar sus facturas
electrónicas.
“Existen plataformas privadas de mensajería que intervienen en la
facturación electrónica y en la presentación de los reportes fiscales si el
cliente considera que proporcionan valor añadido en el cumplimiento de sus
obligaciones aunque tenga coste”, señalaron desde la Confederación. Es decir,
la implementación de una plataforma única no implicaría que no se
pudiera recurrir a otras empresas intermediarias para emitir y recibir
facturas electrónicas, algo que "tendría quizás más sentido para grandes
empresas".
El funcionamiento de las plataformas oficiales que ya existen en la actualidad “es sencillo”. En el caso de FACE, por ejemplo, permite recibir y almacenar facturas entregadas en formato Facturae. “Dispone de trazabilidad sobre cada factura con las fechas y horas de entrega del emisor y de descarga del receptor. Para cada factura se almacenan los estados por los que pasa a medida que van siendo notificados por el organismo público con la fecha en la que se produjo el cambio”, señalaron.
Cuando una empresa ha realizado la facturación habitual, debe entregar
las facturas generadas a sus clientes mediante algunos de los siguientes
métodos:
“La
soberanía de cada autónomo sobre sus datos debe garantizarse”
Al sobre coste de emisión de facturas habría que añadir la
pérdida de soberanía de la empresa o autónomo sobre la información contenida en
cada factura electrónica, a la que podrían tener acceso las empresas
intermediarias.
Desde Conetic explicaron que el contenido de una factura electrónica es
accesible para las plataformas públicas y/o privadas que intervienen en el
intercambio. “El uso de plataformas de mensajería privadas implica costes,
exposición de toda la información y, si la entrega al cliente es a través de
correo electrónico, accesible por esos proveedores. La soberanía que
tiene cada empresa sobre los datos de sus facturas debe garantizarse”,
destacaron.
“Uno de los principales objetivos de la Ley Crea y Crece es la
reducción de la morosidad comercial entre empresas, pero me gustaría saber qué
respondería un autónomo si le preguntamos qué le parece que, como consecuencia
de esta ley, vaya a estar obligado a contratar a una empresa externa para
gestionar sus facturas electrónicas y que, por tanto, además de un coste
añadido, sus datos y la información sobre su facturación esté a
disposición de otras personas”, cuestionó el presidente de Conetic.
Ante esta situación, el presidente de Conetic, Tomás Castro, señaló que
“la implantación de la factura electrónica debe abordarse como un proyecto de
Estado con visión integral de las implicaciones globales que tiene”.
Por su parte, el miembro de Conetic, Ray Fernández, añadió que los
datos empresariales y fiscales estarían en manos de terceros y la ley no
contempla la protección de los mismos. “Sería una catástrofe que se usurparan
estos datos por medio de ciberataques y que las empresas sufrieran un
problema que destruyera su negocio”, sentenció.
Este método
ya funciona con éxito en otros países de Europa
Según explicó a este diario Tomás Castro, desde la Confederación llevan
meses trabajando en esta petición y manteniendo reuniones con distintas
organizaciones empresariales, como la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE).
“El sector tecnológico tiene la responsabilidad de plantear un proyecto
consensuado con todas la partes interesadas que dé solución a los requisitos
legales y también los operacionales. Las organizaciones privadas y
autónomos tenemos en juego un ahorro operativo de 4.000 millones
anuales en la recepción y emisión de facturas electrónicas”,
explicaron desde Conetic.
Para llevar a cabo esta petición, explicó el presidente de
Conetic, se han estudiado otros países, como Italia o Francia, que
disponen de una plataforma de facturación única que “funciona con éxito”.
“En Italia han desarrollado un verdadero Proyecto de Estado en el marco
de la Agenda Digital Italiana y han implantado un sistema centralizado
único, financiado por el Ministerio de Economía y administrado por la
Agencia Tributaria”, explicaron desde la Confederación. Dicho proceso,
añadieron, es único con independencia de si el destinatario es público, privado
o consumidor final.
Esta plataforma permite a las empresas y pymes italianas recibir sus
facturas sin coste alguno y sin necesidad u obligación de usar otras
plataformas privadas de comunicación, ni impedimento para hacerlo
voluntariamente.
Además, a partir de 2028, la facturación electrónica será
obligatoria entre las empresas europeas, y la adecuación por parte de los
países miembros a ese modelo único y normalizado de facturación se estima en
cuatro años. “No tiene sentido actuar ahora de una forma y dentro de unos años
tener que implementar algo que podría implementarse desde ahora”, destacó
Castro.
Cuánto
podría costar a las empresas contratar a una empresa externa
Según explicaron desde Conetic, y de acuerdo con los datos de los
operadores privados de facturación electrónica, el coste medio de emisión de
facturas electrónicas para las empresas es de unos 300 euros al año,
más servicios adicionales. El coste por factura emitida oscilaría entre 10
céntimos y un euro. “Este coste es notablemente inferior al de emisión de
facturas en papel, pero más caro que el uso de una plataforma pública gratuita”,
denunciaron.
Teniendo en cuenta el número de empresas y autónomos que hay en España,
más de 3,4 millones de las primeras y 3,3 millones de los segundos, “este
pequeño coste por factura representa un coste de intermediación de unos
1.000 millones anuales”. Por ejemplo, señalaron, una pyme que emita 500
facturas tendría un coste de unos 25 euros al mes, es decir, 300 euros al año.
En 2021, en España se intercambiaron 296 millones de facturas
electrónicas en el ámbito B2B (de empresa a empresa) y 14 millones de facturas
en el ámbito B2G (de empresa a Administración). Las Facturas electrónicas
presentadas a través de FACE a las distintas Administraciones Públicas desde
2014, por el momento solo siendo obligatorias aquellas con importe superior a
5.000 euros, a fecha del 31 de enero de este año, fueron 92.131.806. Los
mayores emisores en 2021 fueron las pequeñas empresas.
“Disponer de una solución de facturación electrónica integrada y
gratuita en España permitiría a las empresas mejorar su gestión, simplificar
sus procesos y ahorrar más de 4.000 millones de euros anuales, al
incorporar las facturas recibidas a sus sistemas informáticos de forma
automática y sin errores y eliminando la presentación de registros fiscales,
como el SII, a la Agencia Tributaria”, señaló el presidente de Conetic, Tomás
Castro.
El Kit
Digital puede utilizarse para cubrir el coste de la factura electrónica
Hacienda quiere que los autónomos aprovechen las ayudas del Kit
Digital para instalar la factura electrónica en su negocio. Por ello,
desde Hacienda se está proponiendo utilizar el bono digital
para adelantarse a este futuro requisito. De hecho, Red.es ofrece
una financiación mayor en los servicios de factura electrónica dentro
del programa Kit Digital.
El importe subvencionado actual de la factura electrónica con el Kit
Digital es: