“Cuando empezamos en 2004 a vender por internet no sabíamos a quién recurrir, pocos conocían el tema. Además, existían leyes contradictorias difíciles de interpretar”, cuenta Lucía Uría, responsable de dirección y marketing de Aire de Fiesta, una tienda online que vende artículos para bodas, cumpleaños, bautizos y eventos en general.
Pero “más adelante surgieron gestorías que nos ayudaron a subsanar algunos errores cometidos por desconocimiento”, reconoce. Así, “antes de hablar con nadie del proyecto”, lo primero que hizo esta pyme fue patentar su marca y comprar el dominio web.
Después, tuvo que establecer los protocolos de bases de datos y presentar dichos archivos ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y encargó a un abogado la redacción de los textos legales y de confianza online, un sello de compromiso ético, responsabilidad y transparencia en comercio electrónico que garantiza el cumplimiento de la normativa en cuanto a métodos de pago, devoluciones e información, entre otros.
Internet es un gran escaparate para las pequeñas y medianas empresas y una necesidad tras la irrupción tecnológica. Un canal ideal para vender y captar clientes con una mínima inversión, disponible las 24 horas del día a escala global, y cuyo negocio se puede gestionar desde un ordenador, móvil o tableta. Pero estar en este nuevo entorno exige el cumplimiento de un conjunto de obligaciones para evitar demandas y sanciones por parte de los usuarios y las autoridades.
“La triada que ha de cumplir una pyme incluye la Ley Orgánica de Protección de Datos, la de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y la de Propiedad Intelectual o Industrial (marca)”, precisa Borja Adsuara Varela, abogado y consultor experto en derecho digital.
Por ejemplo, debe incluir estos derechos si vende libros, vídeos, discos (industria cultural)… o se dedica al “comercio electrónico más puro”, es decir, a la comercialización de programas de ordenadores o descargas online, indica Adsuara.
Gestor digital
Para responder a estas necesidades, Julio Plaza habla de la creación de un nuevo puesto, denominado oficial de privacidad o responsable de privacidad, para supervisar el contenido en la red y sortear los riesgos del negocio digital. Este profesional ya comienza a ganar terreno en las grandes empresas y llegará más adelante a las pymes.
Sin embargo, no todas, especialmente las microempresas, pueden contratar a un abogado o contar con este perfil en plantilla. Para cubrir esta demanda, Adsuara prevé el surgimiento de firmas que ofrezcan dichos servicios, ya sea a través de gestorías, de asociaciones sectoriales o autónomos, y a los que prefiere llamar facilitadores TIC.
“Aunque da la sensación de que, entre la parte técnica y jurídica, el comercio electrónico es algo muy complicado, la aplicación del derecho tecnológico tiene que ser transparente, por tanto, las soluciones tienen que venir dadas”, sostiene Adsuara.
Esto supone nuevas oportunidades de empleo para jóvenes nativos digitales que solo necesitan una formación orientada a las soluciones de comercio electrónico, considera el experto. O la creación de plataformas verticales centradas en este este tipo de servicios, que tengan sus propios abogados y que se actualicen constantemente, como ha hecho el sector del mueble para competir con el gigante Ikea.
“Por mucho que la administración pública diseñe planes para digitalizar a las pymes, puedes regalarles la conectividad o las soluciones en la nube, pero si no saben usarlo, no valdrá para nada”, advierte Adsuara.
Estas son las tres normas fundamentales, aunque las obligaciones también incluyen a la Ley General de Publicidad y la General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, recuerda Julio Plaza, abogado y socio del despacho Plaza Iuris.
Esta última establece, entre otros aspectos, que los contratos digitales tienen la misma eficacia jurídica que los físicos, la identificación de las empresas para que los consumidores conozcan con quiénes hacen negocios y la prohibición del spam (España fue pionero en implantar esta medida en 2002).
Pese a que no es una normativa, Plaza añade la inclusión de los términos de uso y condiciones de las cookies (un rastro que arroja información sobre los hábitos de navegación del usuario y que, por lo general, no se leen).
Tanto Adsuara como Plaza son profesores del curso de Derecho Digital que imparte el Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, sobre las implicaciones legales de las nuevas tecnologías. “El objetivo es especializar a profesionales que puedan asesorar y dar a las pymes la seguridad que necesitan para hacer comercio electrónico”, apuntan en la entidad.
“Lo primero que debe tener [una pyme] es un abogado o un asesor que desarrolle los contenidos legales de su web y todo lo que eso conlleva: la gestión ante la Agencia Española de Protección de Datos, el registro de esos ficheros y el lugar de alojamiento de esos datos”, aconseja Plaza.
Para Uría, de Aire de Fiesta, “todo [el proceso] se puede hacer por cuenta propia, pero, a la larga, lo barato sale caro”. Por eso, sugiere contar con el respaldo de profesionales.
“En nuestro caso nos apoyamos en abogados para patentar nuestra marca y en una asesoría para cumplir con la Ley de Protección de Datos, lo que nos ayudó a superar una inspección con éxito”, comenta.
Riesgos
Aire de Fiesta dispone de soluciones preestablecidas a través de su servicio al cliente para resolver “pequeñas incidencias”, como roturas, productos defectuosos o retrasos en la entrega. Pero si se trata de “una reclamación mayor”, cuenta con la intermediación de confianza online. Aunque “en todos estos años no hemos recibido ninguna”, asegura.
Estar en internet trae consigo riesgos, pero si se gestionan adecuadamente no tienen por qué suponer mayores complicaciones. “Ser una empresa global requiere estar preparado para posibles reclamaciones globales. Puede darse la particularidad de que se imponga la territorialidad del usuario [que se aplique la legislación del país del cliente], lo cual tendrán que tener en cuenta las empresas”, avisa Plaza.
La seguridad es otro factor determinante. Por ejemplo, “prácticas habituales como dejar las claves en una nota en la pantalla del ordenador, que los dueños de pymes lleven todo el know how de su compañía en el móvil cuando viajan y se conectan desde el aeropuerto expuestos a los hackers, que el dominio web esté en manos de los informáticos en vez de la persona jurídica o captar ilegalmente datos de clientes…”, ilustra Plaza.
“Donde no alcanza la seguridad tecnológica tiene que hacerlo la jurídica”, arguye Adsuara. De ahí la importancia de contar con los instrumentos legales que protejan a empresas y usuarios en casos de fraude o suplantación de identidad.
Y recuerda que la responsabilidad de los delitos digitales recae sobre la persona jurídica, esto es, la empresa. El mero hecho de no haber dispuesto de medidas preventivas ya es causa de sanción. Si obtiene, por ejemplo, información de un usuario sin autorización, la Agencia de Protección de Datos puede imponerle dos infracciones: una por enviar un spam y otra por captarlos ilegalmente.
Además, la desaparición del dinero físico y el auge de pagos electrónicos es una tendencia que afectará a aquellas pymes que aún efectúan transacciones sin facturas y que deberán adaptarse a este nuevo panorama.
Para alcanzar el éxito digital, Julio Plaza recomienda contar con tres herramientas: las tecnológicas, jurídicas y organizativas, así como una mayor concienciación por parte de las empresas y del personal, en definitiva, un cambio cultural.
Borja Adsuara, en cambio, no es partidario de que las pymes carguen con el peso de la transformación, sino que esta se deje en manos de los expertos, mientras las compañías se dedican a vender. “No hay opción, das el salto o te extingues”, afirma.
Uría, de Aire de Fiesta, agrega otra dificultad: “El gran problema de los negocios online es mantenerse en los primeros resultados de los buscadores. Si no lo conseguimos, es como tener la tienda cerrada”.
FUENTE: CINCO DIAS
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