El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este lunes que la Agencia Tributaria enviará “en las próximas horas” notificaciones masivas a todos los declarantes de la amnistía fiscal de 2012 para avisarles de que las investigaciones tributarias sobre este proceso no caducan. El Ejecutivo del PP trata de colmar las expectativas de Ciudadanos. El acuerdo de Gobierno de ambas formaciones incluía revisar a los amnistiados para asegurar que efectivamente pagaron el 10% del dinero aflorado en el indulto fiscal. El partido naranja insistía en que había que hacerlo antes del 30 de noviembre, cuando creen que caduca la amnistía.
“Lo que se está preparando, y se hará en las próximas horas, es un aviso a los declarantes de esa tributación extraordinaria de 2012 relativo a que no hay caducidad en ese procedimiento y todas las investigaciones facilitadas a partir del mismo no caducan a final de mes”, ha manifestado el ministro de Hacienda tras su intervención en un seminario organizado por la organización de altos funcionarios del Estado (Fedeca).
“Hay quien opina que hay prescripción pero no la hay”, setencia con rotundidad Montoro en referencia a Ciudadanos. La formación naranja había alertado de que si no se envíaba una notificación masiva a los declarantes del indulto fiscal antes del próximo 30 de noviembre sería imposible investigarlos posteriormente. “No hay ninguna preocupación porque prescriba nada a final de mes”, insiste el ministro, quien remachó que “no existe ninguna prescripción al respecto de posibles y futuras investigaciones”.
En realidad la nota informativa que la Agencia Tributaria enviará a los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía no tiene ningún efecto jurídico. Su finalidad tiene más una carga política: Por un lado trata de satisfacer las peticiones de Ciudadanos, que alerta de que hay que revisar la amnistía antes de que prescriban. Y por otro, avisa a los contribuyentes que abusaron del proceso de regularización fiscal que no quedarán impunes.
Tanto PSOE como Ciudadanos han criticado al Gobierno del PP por el resultado de la amnistía. El Ejecutivo recaudó unos 1.200 millones de euros, la mitad de lo previsto. Un informe de la Dirección General de Tributos (DGT) permitió a los defraudadores blanquear su patrimonio oculto en el extranjero pagando únicamente por los rendimientos de los ejercicios no prescritos. Esto permitió que en lugar de abonar el 10% de los bienes aflorados, los contribuyentes liquidaran un gravamen efectivo del 3%. El dinero resultante de aplicar los diferentes tipos, unos 2.800 millones, es lo que Ciudadanos considera que se puede arañar con las revisiones de la amnistía.
De hecho, el punto seis del pacto de Gobierno entre el PP y Ciudadanos señala: “Acordamos realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria”.
Montoro espera cumplir ese compromiso con la nueva carta enviada por la Agencia Tributaria a los amnistiados. “Es una pose de Montoro. Una treta para salvar las votaciones parlamentarias y ganarse a Ciudadanos”, asegura el diputado socialista, Pedro Saura, que recuerda que las cartas no tienen efecto jurídico. Ciudadanos, por su parte, ve en la decisión del titular de Hacienda un buen gesto. Pero Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos recuerda que "el compromiso de la resolución del Congreso y del acuerdo de investidura era la revisión de los expedientes para que los defraudadores pagasen el 10% efectivo y no el 3%, lo que solo puede hacerse con notificaciones formales de inicio de comprobaciones y no con meras cartas informativas".
El Gobierno aduce que la presentación de “la Declaración Tributaria Especial (DTE), por su carácter especial, ya que no incluye autoliquidación de ningún impuesto, no interrumpía la prescripción de los ejercicios del IRPF, sociedades o Renta de no residentes a los que hubiera correspondido la renta no declarada”. Desde Hacienda insisten en que se está investigando a los contribuyentes que se beneficiaron de la amnistía. De hecho, el director general de la Agencia Tributaria deslizó hace unas semanas que desde 2013 se han realizado unas 3.413 inspecciones a ciudadanos que se acogieron al indulto fiscal, el 10% de las cerca de 30.000 declaraciones que se presentaron. Estas investigaciones han reportado unos 238 millones de euros a las arcas públicas.
El anuncio de Montoro se produce en mitad de la negociación de los Presupuestos y a dos días de que tenga que responder a una intepelación parlamentaria de Ciudadanos “sobre las medidas adoptadas para garantizar que los beneficiados por la regularización fiscal del año 2012, más conocida como amnistía fiscal, tributen efectivamente al tipo del 10% contemplado en la Ley”.
FUENTE: EL PAIS
