El 24 de julio, se publicó en el BOE el Real Decreto 713/2024, que aprueba el Reglamento del Sistema Arbitral de Consumo.
Esta nueva regulación refuerza la protección de los derechos de los consumidores, además de ofrecer una serie de ventajas para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) a la hora de gestionar y resolver disputas con sus clientes de manera eficiente y menos costosa.
Uno de los principales beneficios del nuevo reglamento es la simplificación del proceso arbitral, que ahora es más accesible y rápido en comparación con los procedimientos judiciales tradicionales. Este sistema permite a las PYMES resolver conflictos con sus clientes en un plazo máximo de 90 días, lo que contrasta con los años que pueden durar los litigios en los tribunales ordinarios.
El reglamento establece un marco legal claro y transparente para el arbitraje de consumo, lo que proporciona mayor seguridad jurídica a las empresas. Al contar con normas bien definidas, las PYMES pueden anticipar mejor los resultados de los arbitrajes y evitar sorpresas desagradables.
Otro aspecto destacado del Real Decreto 713/2024 es el fomento de la autorregulación dentro del sistema arbitral de consumo. Este mecanismo es gestionado por las propias organizaciones de consumidores y empresarios, lo que significa que las empresas tienen un papel activo en la resolución de conflictos y en la creación de las normas que rigen estos procesos.
Las PYMES pueden participar en la designación de los árbitros y en la elaboración de las normas que regulan el arbitraje. Comprometerse con un sistema de resolución de conflictos que sea rápido, eficiente y justo es valorado positivamente por los consumidores.
Uno de los beneficios más significativos para las PYMES es la reducción de costes que ofrece el arbitraje de consumo en comparación con los litigios judiciales. Las tasas de arbitraje son considerablemente más bajas que las costas judiciales, lo que representa un ahorro importante para las pequeñas empresas que a menudo no pueden permitirse los elevados costos asociados a los procesos judiciales tradicionales.
Además del arbitraje, el Real Decreto 713/2024 introduce un procedimiento de mediación previo al arbitraje. La mediación es un proceso extrajudicial en el que un tercero neutral ayuda a las partes a llegar a un acuerdo de manera amigable. Este proceso puede resolver el conflicto sin necesidad de llegar al arbitraje, lo que representa un ahorro adicional de tiempo y recursos para las empresas.
El reglamento también facilita la ejecución de los laudos arbitrales, que son decisiones vinculantes que ponen fin al conflicto.
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