Cambios
de criterio constantes obligan a la banca a suspender y rehacer contratos. Sólo
el 4% de los autónomos ha podido acceder a las líneas... y al 27% de las pymes
se les ha denegado.
Algo más de dos semanas después de que el Gobierno activara
la operativa de los créditos avalados por el Estado, las empresas apenas están
disponiendo de estas líneas de liquidez para poder afrontar sus compromisos y
poder sobrevivir en esta época de hibernación de la actividad por el
coronavirus. Los bancos se han encontrado con múltiples dificultades para poder
otorgar el dinero al tejido productivo, a pesar de que cuentan con solicitudes
que sobrepasan con creces los 40.000 millones en garantías que el Ejecutivo ha
permitido que se concedan de los 100.000 millones prometidos en su momento, en
gran parte por las trabas que está poniendo el Instituto de Crédito Oficial
(ICO), que es que el organismo público que está centralizando las operaciones.
Según distintas fuentes financieras y sindicales, en estas
dos semanas esta institución dependiente del Ministerio de Economía ha rechazado de manera masiva este tipo de
préstamos y ha habido cambios de criterio constantes en el mecanismo puesto
en marcha para que estas coberturas eviten rápidamente la destrucción de
empresas (principalmente pymes y autónomos) en estos momentos de extremada
dificultad. Esta actitud, unido a la elevada burocracia, está impidiendo que
los recursos lleguen a estos colectivos para que puedan afrontar los pagos de
impuestos, nóminas y facturas.
Las entidades, ante este escenario, están siendo cautelosas,
ya que si aprueban operaciones sin tener claras las condiciones pueden
enfrentarse en un futuro a pérdidas millonarias, debido a que el ICO puede
bloquear los avales estatales, que van del 60 al 80% de los importes. Hay que
tener en cuenta que este organismo, además del Banco de España, va a hacer una
revisión de todos los contratos y que las operaciones de más de 50 millones
tienen una autorización pública antes de la disposición de fondos.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció el martes
que el Banco de España va a realizar próximamente un estudio sobre esta
financiación para comprobar que no se está produciendo abusos y que los
préstamos cumplen con los requisitos establecidos.
El sindicato bancario ACAM denuncia públicamente que en
estas dos semanas ha habido "numerosos cambios de criterio" tanto en
la tramitación como en la concesión, que ha provocado devolución masiva de
operaciones y repetición de formalizaciones, algo que está retrasando que el
dinero llegue. Además, critica la complejidad de las operaciones. La valoración
de esta organización de representantes de los trabajadores de Bankia es compartida
por distintas fuentes financieras y empleados de entidades, que están viendo
como el esfuerzo que están realizando en muchas ocasiones sirve para poco.
Según
una encuesta de Cepyme, la mitad de las pymes españoles han solicitado un aval
del ICO, a las que les ha sido denegado al 27%
Las cifras oficiales ponen de manifiesto que hay lentitud en
el procedimiento y que las empresas están teniendo dificultades de acceso a los
créditos. En quince días, las entidades
han otorgado operaciones con garantías por 11.700 millones de euros, es decir,
solo algo más de una cuarta parte del total permitido, que ha canalizado
financiación por valor de 15.100 millones, según el Ministerio de Economía. Del
total, 9.000 millones de avales (de los 30.000) han ido destinados a pymes y
autónomos, con un saldo global de 11.300 millones.
Desde
la patronal de los autónomos, ATA, se pedía ayer agilidad en el proceso para
dar liquidez, ya que según su
presidente Lorenzo Amor, solo 4 de cada 100 había obtenido un préstamo ICO.
"Un ritmo muy lento teniendo en cuenta que la demanda es ocho veces
superior", sostiene el representante de este colectivo, quien explica que
el 32% de los autónomos está buscando en la actualidad financiación ICO en las
entidades.
Según una encuesta de Cepyme, la mitad de las pymes
españoles han solicitado un aval del ICO, a las que les ha sido denegado al
27%. De todas las que han solicitado este tipo de ayudas públicas, el 39% se
queja de que el trámite ha sido muy complicado y el 29%, por lo contrario, piensan
que ha sido fácil.
Exigencias
adicionales
Otro dato que desvela la encuesta realizada por la patronal
de las pequeñas y medianas empresas es que casi
el 18% de las que compañías que han solicitado un aval del ICO se han
encontrado con que la entidad financiera ha exigido garantías adicionales.
Respecto al dinero que precisan, el 47,2% consideran que rondará entre el 10% y
el 20% de su facturación anual.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció ayer
las dificultades y quejas de los empresarios para acceder a estas ayudas de
liquidez y señaló que en los próximos días el
Ejecutivo trabajará para permitir que el mecanismo de gobernanza de los avales
mejore para que sea eficaz.
