Sánchez plantea facilitar la financiación de la construcción industrializada.
El Gobierno quiere que constructores y promotores privados aceleren la construcción de vivienda. El Ejecutivo considera que es imprescindible ampliar la oferta, no sin descuidar algunas medidas de choque en determinadas zonas tensionadas. Para ello, el propio presidente, Pedro Sánchez, concretó este jueves al sector inmobiliario un paquete de medidas. Entre ellas se encuentra modificar la normativa para agilizar la concesión de licencias urbanísticas y, a su vez, facilitar una mayor financiación al sector. Los empresarios están dispuestos a aportar sus capacidades para acelerar proyectos.
Es la conclusión de la reunión celebrada este jueves en la Moncloa con un asunto monotemático: avanzar en una “alianza de país por la vivienda” a través de la “colaboración público-privada”, resumió la ministra del ramo, Isabel Rodríguez.
Sánchez recibió a un nutrido grupo de representantes del sector inmobiliario, la banca y los sindicatos para transmitirles que el Gobierno pondrá en marcha iniciativas urgentes para intentar solucionar los cuellos de botella a los que se enfrentan promotores y constructores en su día a día. En concreto, el Ejecutivo anunció la modificación inmediata de la orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. Este mismo jueves el Ministerio de Economía inició la consulta pública. Estos cambios puntuales de la citada orden ECO permitirán “aclarar” la situación y despejar las cuestiones que ralentizan la agilidad administrativa de la gestión urbanística, explicó Rodríguez.
De forma paralela, el Gobierno pretende incluir en la misma norma aspectos relacionados con las novedades que el sector ha ido incorporando a lo largo de los últimos años, como la industrialización en la construcción de viviendas. Promotoras como Aedas Homes o Culmia, entre otras, están recurriendo a la técnica de construcción industrializada, que consiste en que determinados elementos de un inmueble se produzcan en una factoría para, a continuación, trasladarlos al edificio. Una especie de producción en cadena de cocinas o baños, entre otros elementos. Pero el sector se encuentra con problemas de financiación con las entidades bancarias, por lo que llevan tiempo urgiendo al ministerio a adoptar cambios que faciliten la concesión de préstamos.
A estas iniciativas hay que sumar la modificación de la ley de Suelo, proyecto que se encuentra en tramitación parlamentaria también exprés (este mes está previsto que se cierre el trámite de enmiendas en el Congreso) que busca evitar que un proyecto urbanístico quede paralizado por un error considerado menor.
El cambio de la ley del Suelo evitará que los proyectos urbanísticos queden paralizados por errores menores
Todas estas medidas eran demandas recurrentes del sector inmobiliario, que salió especialmente satisfecho del encuentro con Sánchez y Rodríguez, al que también acudió el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de quien depende la Sareb, parte activa en el plan de vivienda activado por el Ejecutivo. El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, calificó el encuentro de “muy positivo” y llegó a afirmar que la modificación de la normativa ECO “es una medida sin precedentes que agilizará las concesiones de licencia de la edificación”. El promotor también reclamó al Gobierno aplicar el IVA reducido a la vivienda asequible, tanto en compra como en alquiler. La patronal de la construcción, CNC, por su parte, aseguró que respalda la iniciativa del Gobierno. Para los constructores, es necesario construir más de 150.000 viviendas al año en España.
El objetivo de esta “alianza de país por la vivienda”, afirmó la ministra Rodríguez, es que “todo aquel que tenga algo que aportar lo haga”. También recordó que su departamento ha agilizado la ejecución de los fondos europeos destinados al sector. En este momento se han distribuido 5.500 millones entre las diferentes modalidades, con 2.500 millones en avales del ICO a los que podrán acceder el sector constructor.
Fuente: La Vanguardia
